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La política y sus deudas: cuando se le pide al movimiento obrero lo que no resolvió la política.

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En las últimas semanas volvió a quedar en evidencia una tensión que no es nueva, pero que hoy aparece más expuesta: la pretensión de parte de la dirigencia política de que el movimiento obrero, encarnado en la CGT, asuma costos y responsabilidades que en realidad son consecuencia de las propias deficiencias de la política en las últimas dos décadas.

Las declaraciones de Máximo Kirchner, en medio de cuestionamientos hacia la central obrera, vuelven a poner sobre la mesa esa discusión. El detonante, un acto donde el eje estuvo puesto en la figura del Papa Francisco, pero que derivó en reproches por la ausencia de menciones a Cristina Fernández de Kirchner y a Néstor Kirchner. El episodio, más allá de lo anecdótico, deja ver una disputa más profunda: la expectativa de que el sindicalismo se alinee automáticamente en internas que son estrictamente partidarias.

En ese marco, crece una mirada crítica sobre el rol de La Cámpora. Durante años, ese espacio construyó una narrativa de fortaleza y capacidad de movilización que, a la hora de los hechos, parece no haber respondido a las expectativas que ellos mismos generaron. La consigna repetida de “si le tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar” contrasta con una realidad donde ese “quilombo” nunca terminó de materializarse en la magnitud prometida.

Sin embargo, el punto central no pasa por medir fuerzas, sino por delimitar responsabilidades. Pretender que la CGT o el conjunto del movimiento obrero paralicen el país para dirimir tensiones políticas internas implica desvirtuar su función histórica. El sindicalismo no está para suplir falencias de la dirigencia política ni para intervenir en disputas de poder que no tienen como eje directo las condiciones de vida de los trabajadores.

Es cierto que durante los gobiernos kirchneristas —particularmente en los años de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner— hubo avances significativos en materia laboral y social. Pero ese reconocimiento no puede traducirse en una subordinación permanente del movimiento obrero a una fuerza política determinada, ni en la obligación de actuar como brazo de presión en conflictos que exceden lo gremial.

Hoy, más que nunca, la CGT enfrenta el desafío de sostener su autonomía. Su rol es claro: defender el salario, las condiciones laborales, el empleo y los derechos conquistados. Cuando se la empuja a involucrarse en internas partidarias, se corre el riesgo de debilitar esa misión.

La discusión de fondo, entonces, no es solo sobre un acto o una declaración puntual. Es sobre los límites entre política y sindicalismo, y sobre la necesidad de que cada actor asuma sus propias responsabilidades. Si la política no logra resolver sus tensiones ni construir representatividad genuina, difícilmente pueda trasladar esa carga al movimiento obrero sin consecuencias.

En tiempos de incertidumbre, ordenar esos roles no es un detalle menor: es una condición necesaria para reconstruir confianza, tanto en la dirigencia política como en las organizaciones que representan a los trabajadores.

Por: Guillermo "Willy" Cantatore

💣 Frases fuertes “Los concejales no están, no viven en el barrio y no dan la cara.” “Los vecinos no saben a quién reclamarle, y eso es un problema político.” “La política se alejó de la gente. Nosotros la vamos a volver a acercar.” ⚡

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Alejandro Poli, secretario general de la FAREM estuvoen vivo por Radio Wen y planteó la necesidad de reconstruir el vínculo entre la política, el sindicalismo y los vecinos, especialmente en distritos como Quilmes, Florencio Varela y Berazategui.

Poli, eñala que hoy existe una fuerte desconexión entre los concejales y la gente, lo que genera falta de respuestas a problemas cotidianos como servicios básicos.

En ese contexto, propone generar espacios reales de escucha para que los vecinos puedan acercarse, plantear sus inquietudes y obtener soluciones concretas, recuperando el rol del dirigente como nexo directo con la comunidad.

Desde lo político, Poli rechaza las divisiones internas del peronismo basadas en “ismos” y reivindica una identidad peronista amplia y abarcativa, enfocada en la unidad y en volver a las bases del movimiento nacional justicialista.
En el plano sindical, destaca la conformación de una mesa político-sindical con dos objetivos centrales: escuchar a todos los sectores y luego trasladar esa discusión al ámbito de la CGT. En ese armado, asegura contar con el respaldo de cerca de 40 gremios, lo que les da una base sólida para disputar la conducción regional.

Además, explica que el proceso de recolección de avales será clave para ordenar la representación, ya que permitirá identificar qué organizaciones respaldan cada espacio y evitar la participación de dirigentes sin legitimidad real. En esa línea, remarca la importancia de la personería gremial como requisito para integrar formalmente las estructuras, recordando que él mismo no pudo participar en el pasado por no contar con ella.

Finalmente, Poli sostiene que la conducción del movimiento obrero debe definirse en función de la representatividad concreta, y que la construcción política y sindical debe basarse en organización, reglas claras y respaldo real de los trabajadores.

Berazategui: la Justicia pone límites a las prohibiciones y refuerza la defensa del trabajo pirotécnico

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Un reciente fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Quilmes marcó un precedente importante en defensa del trabajo, la producción y el ejercicio de actividades lícitas. En la causa iniciada por la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA) contra la Municipalidad de Berazategui, la Justicia resolvió invalidar la ordenanza que establecía la prohibición absoluta de la tenencia, comercialización, depósito y venta de pirotecnia en el distrito.

El magistrado entendió que la ordenanza 4208 vulneraba el principio de razonabilidad (art. 28 de la Constitución Nacional), al imponer un veto total que anulaba el derecho a ejercer una industria lícita y a comerciar, garantizados por los artículos 14 y 17, así como por la Ley 20.429 y el Decreto 302/83. Asimismo, remarcó que el municipio no logró demostrar que la prohibición absoluta fuera la única alternativa posible, existiendo medidas menos restrictivas que permiten compatibilizar la actividad con la protección de sectores sensibles.

En este marco, el fallo otorga a la Municipalidad de Berazategui un plazo de seis meses para adecuar su normativa a estándares constitucionales, abriendo la puerta a una regulación más equilibrada.

Desde el Sindicato Único de Empleados de la Industria de la Pirotecnia (SUEIPA) destacaron la importancia de la decisión judicial y afirmaron que “es un paso más hacia la defensa de la producción y el trabajo, en tiempos donde no se puede jugar con el sustento de los trabajadores”. En esa línea, remarcaron que la actividad pirotécnica representa una fuente genuina de empleo para miles de familias y que cualquier regulación debe contemplar ese impacto social.

El pronunciamiento judicial vuelve a instalar un eje central en el debate: no se trata de eliminar actividades productivas, sino de regularlas de manera razonable, equilibrando derechos y garantizando tanto la convivencia social como la continuidad del trabajo argentino.

Ell gobernador Axel Kicillof fue medido más veces que entrando a un sastre… y sigue dando negativo

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En política, como en la alta costura, las medidas importan. Pero cuando un dirigente es “medido” más veces que entrando a un sastre y aun así el traje no ajusta, el problema ya no es la tela: es el modelo.

El gobernador que sueña con proyectarse más allá de su distrito— fue sometido a encuestas propias y ajenas, focus groups, estudios de imagen y mediciones digitales. El resultado se repite como un eco incómodo: números en rojo, imagen negativa consolidada y una dificultad evidente para romper el techo electoral.

En tiempos de ajuste y confrontación política bajo la presidencia de Javier Milei, el escenario hacia 2027 empieza a tomar forma. El oficialismo nacional apuesta a capitalizar el orden macroeconómico y el discurso anti-casta, mientras que la oposición todavía no logra sintetizar un liderazgo claro, competitivo y con volumen nacional.

¿Quién será el candidato opositor en 2027?

La pregunta atraviesa despachos, cafés políticos y sindicatos. El peronismo, fragmentado pero con base territorial, sabe que sin unidad y sin renovación no habrá competitividad real. Los gobernadores intentan preservar poder en sus provincias, pero pocos logran instalarse como figuras nacionales con proyección.

Algunos intendentes del conurbano miden bien en sus distritos, pero el salto a la escena nacional requiere algo más que estructura: necesita relato, equipo y, sobre todo, credibilidad económica.
En ese contexto, emergen tres grandes interrogantes:

¿Habrá una figura de síntesis dentro del peronismo que ordene la interna?

¿Aparecerá un outsider que capture el desencanto social como lo hizo Milei en 2023?
¿Se consolidará una coalición amplia que vaya más allá de los sellos tradicionales?

La oposición ante su propio espejo
La sociedad argentina, golpeada por años de inflación, crisis y promesas incumplidas, parece menos tolerante a los discursos vacíos. El candidato que enfrente a Milei en 2027 no podrá limitarse a criticar: deberá presentar un programa económico consistente, una agenda productiva clara y una narrativa que conecte con trabajadores, pymes y sectores medios.

El desafío no es solo electoral. Es conceptual. ¿Qué modelo de país ofrecerá la oposición frente al ideario libertario? ¿Cómo reconciliar justicia social con estabilidad macroeconómica?

Por ahora, las encuestas muestran más dudas que certezas. Y mientras algunos dirigentes siguen “probándose el traje”, el electorado observa, compara y espera.

Porque en política, como en la sastrería, no alcanza con tomarse medidas: hay que saber para qué ocasión se está cosiendo el traje.

Las 62 Organizaciones Justicialistas reclamaron la expulsión de diputados que votaron la reforma laboral

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La Confederación de las 62 Organizaciones Justicialistas difundió este 21 de febrero un comunicado oficial en el que solicita al Consejo Nacional del Partido Justicialista que evalúe la expulsión de legisladores peronistas que dieron quórum y acompañaron la reciente reforma laboral aprobada en la Cámara de Diputados.

En el documento, la organización sindical —brazo político histórico del Movimiento Obrero— sostuvo que la norma implica “un retroceso respecto de los derechos conquistados desde 1943” y cuestionó con dureza a los diputados que, “invocando identidad peronista en sus provincias”, facilitaron su aprobación.

El comunicado cita a Juan Domingo Perón y reivindica los principios de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política como pilares doctrinarios “que no admiten retrocesos”. En esa línea, remarca que “el peronismo nació para ampliar derechos, no para resignarlos” y que su razón histórica es “dignificar al trabajador, no flexibilizarlo”.

Las 62 identificaron puntualmente a los legisladores que votaron a favor de la iniciativa en las provincias de Misiones, Salta, Catamarca y Tucumán, y reclamaron que el PJ actúe en cumplimiento de su Carta Orgánica para preservar la “coherencia doctrinaria del Movimiento”.

“El Movimiento Nacional Justicialista no es una estructura electoral circunstancial: es una causa histórica donde el trabajador ocupa el centro”, señala el texto, que concluye ratificando el compromiso con la doctrina y la lealtad al Movimiento.

El pronunciamiento se produce en medio de fuertes tensiones internas dentro del peronismo tras la aprobación de la reforma laboral, que ahora continuará su trámite legislativo en el Senado.

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"¿EL FIN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA? EL PLAN DE MILEI PARA DESINTEGRAR LA NACIÓN"

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Argentina, atraviesa una encrucijada histórica que amenaza su propia existencia como comunidad organizada.

Bajo la consigna mesiánica de la libertad, el presidente Javier Milei ha iniciado un proceso de desguace estatal que no tiene precedentes.

No estamos ante una crisis económica más, sino ante un plan deliberado de aniquilación de la República Argentina tal como la conocemos.

El eje central de este ataque, es una reforma laboral regresiva que pretende ignorar décadas de conquistas sociales.

Esta iniciativa es flagrantemente inconstitucional, ya que viola de forma directa el Artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, que garantiza la protección del trabajo y la irrenunciabilidad de derechos. Asimismo, atropella el Art. 75 inc. 22, desconociendo tratados internacionales con jerarquía constitucional que prohíben la regresividad en materia de derechos humanos y laborales.

El objetivo es claro: retrotraer al pueblo trabajador a condiciones de hace más de un siglo, implantando una suerte de esclavitud laboral moderna.

Al eliminar derechos adquiridos, el gobierno despoja al ciudadano de su dignidad para convertirlo en una mercancía descartable.

El propio mandatario lo confesó: él es el "topo" que viene a destruir el Estado desde adentro. Y lo está cumpliendo con una crueldad metódica:
*Destrucción productiva: Liquidación de la industria nacional y el mercado interno.
*Ataque a lo público: Desfinanciamiento de la salud, el transporte y la eliminación total de la obra pública.
*Violencia social: Ajuste salvaje sobre jubilados, personas con discapacidad y los sectores más vulnerables.

Este escenario de tierra arrasada cuenta con la complicidad de una dirigencia sindical traidora en la CGT nacional, cuyos líderes, por decencia y respeto a sus bases, deberían renunciar de inmediato para dar paso a una resistencia genuina e independiente.

La Justicia y el Congreso Nacional no pueden seguir mirando hacia otro lado. Su inacción los convierte en responsables por omisión de un posible estallido social. Es imperativo que los órganos de control actúen antes de que el daño sea irreversible.

La Patria está en peligro.

Es hora de que la dirigencia sindical que no está condicionada, se ponga a la cabeza de la lucha.

El pueblo argentino debe poner un freno a este experimento autoritario y hasta cierto punto demencial.

Defender nuestros derechos no es una opción, es una obligación soberana para evitar la desaparición de nuestra Nación.

CARLOS EMANUEL CAFURE
Abogado

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Cristian Jerónimo cruzó a Máximo Kirchner y defendió la autonomía de la CGT. "Quien es Máximo para decir que tiene que decir o no la CGT ?"

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El engaño del “banco de horas”: más precarización, menos derechos. "No sé puede negociar con el que paga"

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